El procedimiento tendrá como objetivo analizar los elementos médicos y científicos vinculados al caso para determinar si existió responsabilidad por parte del ex cirujano Aníbal Lotocki. La Junta Médica buscará establecer las posibles causas relacionadas con el fallecimiento de Silvina Luna y evaluar si hubo una eventual conducta profesional que pudiera haber influido en el desenlace. 

La Junta Médica prevista para este martes en el marco de la investigación por la muerte de la actriz Silvina Luna fue suspendida y reprogramada. El procedimiento busca analizar las circunstancias médicas vinculadas al fallecimiento de Luna, ocurrido el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano por una insuficiencia renal aguda, y determinar si existió responsabilidad del ex cirujano Aníbal Lotocki. Según fuentes del caso, la nueva fecha quedó establecida para el 1° de septiembre a las 10 horas en la Morgue Judicial, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 60.

La medida había sido solicitada por el abogado Fernando Burlando el pasado 3 de febrero y apunta a responder distintos interrogantes sobre la evolución de la salud de Luna. Entre los puntos que serán evaluados se encuentran el momento en que aparecieron los granulomas en su cuerpo, los posibles tratamientos que podrían haberse aplicado para evitar el avance de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva y si los controles posteriores a la intervención realizada por Lotocki fueron adecuados. También se analizará si el profesional tenía posibilidades de intervenir para evitar las consecuencias que afectaron la salud de la actriz.

En cuanto a la situación judicial de Lotocki, en febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina tras ser hallado responsable de lesiones graves reiteradas contra Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal elevó la pena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa y extendió a diez años la prohibición para ejercer su profesión.