Las detenidas fueron identificadas como Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecon Fumado, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por el caso del fentanilo adulterado. Ambas ex funcionarias deberán responder ante las autoridades mientras avanza la causa y se analizan las posibles responsabilidades vinculadas al expediente. 

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumado, fueron detenidas este martes en el marco de la investigación por las muertes provocadas por el fentanilo contaminado. Los procedimientos fueron realizados por la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad, luego de una orden del juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.° 3 de La Plata. Bisio fue arrestada en Olivos, mientras que Mantecon Fumado se presentó voluntariamente en una dependencia policial junto a su abogado.

Ambas ex funcionarias quedaron vinculadas a la causa por su rol en los controles sobre los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., empresas investigadas por la producción y distribución del opioide adulterado pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro. Bisio había asumido al frente de la ANMAT en diciembre de 2023 y su renuncia fue aceptada por el Gobierno en enero de 2026, mientras que Mantecon Fumado estuvo al frente del INAME hasta agosto de 2025, cuando fue desplazada de manera preventiva.

La investigación sostiene que las ex funcionarias podrían haber tenido responsabilidad en la falta de acciones frente a las irregularidades detectadas en los laboratorios, que habrían permitido la circulación del fentanilo contaminado. Según la hipótesis de la fiscalía, ambas conocían los riesgos derivados de las deficiencias en los procesos de fabricación y control de calidad, pero no habrían tomado medidas suficientes para evitar sus consecuencias. El expediente apunta a fallas en las inspecciones y controles sanitarios, y señala que la falta de intervenciones preventivas permitió que el medicamento continuara distribuyéndose, provocando la muerte de 90 personas y lesiones graves en más de 40 pacientes.