Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que prohíbe el tratamiento de datos sensibles y de las publicaciones realizadas por menores de edad sin una autorización judicial previa. La medida busca reforzar la protección de la privacidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital.

El Ministerio de Seguridad modificó los protocolos de actuación de las fuerzas federales frente a los ciberdelitos y al aumento de amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas a través de redes sociales. La medida, oficializada mediante la Resolución 725/2026, busca fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones, aunque establece que no podrá realizarse el tratamiento de datos sensibles ni de publicaciones realizadas por niños, niñas y adolescentes sin una autorización judicial.

La actualización normativa responde al crecimiento de los delitos informáticos y a la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas más eficaces para actuar de manera preventiva. Según el texto oficial, la proliferación de amenazas contra escuelas difundidas en plataformas digitales dejó en evidencia que la normativa vigente era insuficiente para intervenir con rapidez en escenarios considerados de riesgo inminente.

La resolución también dispone que el personal policial deberá respetar la Ley de Protección de Datos Personales y suspender cualquier tarea de monitoreo cuando detecte que involucra a un menor de edad. Sin embargo, esta restricción no regirá en casos excepcionales, como cuando exista peligro para la vida del menor, indicios de desaparición, situaciones de autolesión o suicidio, cuando el adolescente sea presunta víctima de un delito en curso o cuando haya evidencias de una amenaza de violencia masiva que pueda poner en riesgo a otras personas.

En todos estos supuestos excepcionales, las fuerzas de seguridad deberán dejar constancia detallada de los motivos que justificaron la continuidad del monitoreo y comunicar de inmediato la situación a la autoridad responsable. Con estos cambios, el Gobierno busca equilibrar la protección de la privacidad de los menores con la necesidad de prevenir hechos graves y responder con mayor rapidez ante amenazas detectadas en el ámbito digital.