Flavia Ochoa, una trabajadora de la provincia de Córdoba, asegura que desarrolló síndrome de Guillain-Barré luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2022. A raíz de las secuelas que, según sostiene, le provocó esa condición, inició una demanda contra el laboratorio AstraZeneca en la que reclama una indemnización por la discapacidad que padece.
Flavia Ochoa, una trabajadora de Coronel Moldes, Córdoba, inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que desarrolló síndrome de Guillain-Barré luego de recibir, el 4 de enero de 2022, la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Según su relato, pocas horas después de la aplicación comenzó a sufrir fuertes dolores musculares y calambres, y al día siguiente perdió progresivamente la movilidad de brazos y piernas. La presentación judicial reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida y otros perjuicios, además de cuestionar distintos artículos de la Ley 27.573.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Ochoa fue atendida en un sanatorio de Río Cuarto, donde, tras diversos estudios, recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Los informes médicos señalan que requirió tratamiento con gammaglobulina, corticoides y un prolongado proceso de rehabilitación. La mujer aseguró que continúa con sesiones de recuperación tres veces por semana, utiliza un andador para desplazarse y convive con dolores permanentes. Asimismo, un dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó una incapacidad laboral del 75,6%, uno de los principales fundamentos del reclamo indemnizatorio.
Antes de recurrir a la Justicia, la demandante realizó el procedimiento administrativo previsto por la normativa para quienes alegan haber sufrido daños asociados a la vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, según consta en la demanda, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que no podía establecer un nexo causal entre la vacuna y el cuadro neurológico, por lo que rechazó el pedido. La acción judicial sostiene que sí existe esa relación y plantea que será la Justicia la que determine, sobre la base de las pruebas reunidas durante el proceso, si corresponde hacer lugar al reclamo.







