El Juzgado Federal N.º 3 de Rosario concluyó que el acusado ocupaba un rol de liderazgo dentro de una organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes. 

Fernando Sebastián «Narigón» Vázquez fue procesado con prisión preventiva por decisión del Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, que lo señaló como uno de los principales responsables de una organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en Santa Fe. La resolución hizo lugar al planteo del fiscal federal Federico Reynares Solari, quien sostuvo que el acusado ocupaba un rol jerárquico dentro de la estructura narcocriminal.

Vázquez permaneció prófugo desde 2018 hasta su captura, el pasado 16 de junio, durante un operativo realizado por la Tropa de Operaciones Especiales en Villa Gobernador Gálvez. Sobre él pesaba una recompensa de 30 millones de pesos por información que permitiera localizarlo, ya que figuraba entre los delincuentes más buscados de la provincia. Además de esta causa por narcotráfico, permanece detenido de manera preventiva por su presunta participación en los homicidios de los barrabravas de Rosario Central Andrés «Pillín» Bracamonte y Daniel «Rana» Attardo.

La investigación que derivó en su procesamiento comenzó en enero de 2017, tras la muerte de Giuliana Maldován, una joven de 20 años que falleció luego de consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en Arroyo Seco. A partir de una denuncia, la Justicia detectó una red de distribución de estupefacientes que operaba desde distintos inmuebles de Rosario, por lo que el fiscal Claudio Kishimoto encomendó las tareas investigativas a la División Antidrogas de la Policía Federal.

Durante la pesquisa, los investigadores concluyeron que Vázquez abastecía de cocaína a una organización encabezada por Cristian Mario «Negro» González, quien fue condenado en 2022 a 18 años de prisión junto a otros integrantes de la banda. En paralelo, «Narigón» también enfrenta cargos por homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de armas y robo de un vehículo en el expediente que investiga el asesinato de Bracamonte y Attardo, ocurrido en noviembre de 2024.