La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) será el organismo encargado de aplicar y supervisar el cumplimiento del nuevo protocolo en todos los aeropuertos alcanzados por la medida. Entre sus funciones estará la detección temprana de posibles situaciones vinculadas a la trata de personas, la activación de los procedimientos de intervención correspondientes y la coordinación con los organismos competentes para garantizar la protección y asistencia de las posibles víctimas. 

El Gobierno nacional aprobó un nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención e intervención frente a este delito. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 468/2026, reemplaza la normativa vigente desde 2018 e incorpora nuevas pautas de actuación obligatorias para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La iniciativa busca fortalecer la protección de las víctimas ante un delito considerado una grave violación de los derechos humanos.

La resolución establece que la Policía de Seguridad Aeroportuaria será la autoridad responsable de aplicar el protocolo y de definir los procedimientos que permitan identificar o descartar posibles casos de trata de personas. Además, el Ministerio señaló que este tipo de delito ha evolucionado en sus modalidades de acción y hoy presenta un carácter cada vez más complejo, organizado y transnacional, por lo que los aeropuertos se convirtieron en un punto estratégico para detectar estas maniobras y facilitar el rescate de las víctimas.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dispuso la implementación del nuevo protocolo y ordenó al director nacional de la PSA designar oficiales especializados en la materia. La normativa será de cumplimiento obligatorio para todo el personal de la fuerza y tendrá carácter reservado, ya que su difusión podría afectar investigaciones en curso y comprometer la eficacia de los operativos. Con esta decisión, queda derogada la Resolución 635/2018, que regulaba hasta ahora la actuación en estos casos.