En el documento presentado, la organización sostuvo que el caso podría implicar una vulneración de derechos fundamentales, lo que genera preocupación a nivel internacional y motiva la intervención de organismos de control.

Una organización no gubernamental con estatus consultivo ante Naciones Unidas presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que cuestiona la detención del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado en Bariloche por presunta trata de personas. El documento fue incorporado a la 61ª sesión del organismo internacional y registrado oficialmente, donde se advierte que el caso podría implicar una vulneración de derechos fundamentales y genera preocupación en el plano humanitario.

En el informe, la ONG sostiene que la situación reflejaría un posible patrón de discriminación hacia minorías espirituales y señala que el uso de estructuras estatales podría estar afectando garantías básicas. También advierte que este tipo de problemáticas no siempre se manifiestan mediante violencia directa, sino que pueden surgir a través de procedimientos administrativos o judiciales. Además, se indica que el detenido se encontraría en condiciones que pondrían en riesgo su salud.

Por otro lado, el documento describe el origen de la causa judicial, que, según la organización, habría comenzado por un malentendido relacionado con una joven rusa que viajó al país. Se mencionan posibles errores derivados de barreras idiomáticas y diferencias culturales que habrían derivado en una intervención policial y en la construcción de una hipótesis de trata. Sin embargo, la defensa sostiene que no existirían pruebas firmes, ya que la presunta víctima habría negado haber sufrido delitos, y plantea que el proceso permitirá aclarar las interpretaciones iniciales.