El jefe de Gabinete de la Nación sostuvo que, aunque el marco legal vigente no habilita la privatización de la TV Pública, el Gobierno sí cuenta con herramientas para avanzar en una reducción del gasto. En ese sentido, remarcó que la prioridad está puesta en optimizar los recursos, revisar la estructura y disminuir los costos operativos, sin contradecir lo que establece la normativa actual.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de cerrar la Televisión Pública, aunque por ahora la medida concreta sería cambiarle el nombre. Recordó además que la legislación vigente impide su privatización, pero señaló que el Poder Ejecutivo puede reducir su estructura y funcionamiento con el objetivo de disminuir el gasto estatal. Según explicó, la prioridad es volverla más eficiente mediante un recorte significativo de su tamaño, sin avanzar en una privatización formal.

En ese marco, el funcionario adelantó que la señal dejará de llamarse TV Pública como parte de un cambio simbólico vinculado al rumbo que busca imprimir la actual gestión. Sostuvo que, a través de retiros voluntarios y distintos procedimientos administrativos, se intenta reflejar una nueva etapa. También consideró que la denominación actual podría estar asociada a una etapa política anterior y remarcó que, desde la llegada del presidente Javier Milei, existe la directiva de retirar elementos con contenido ideológico de los organismos públicos.

La emisora atraviesa un proceso de reestructuración bajo intervención estatal, prorrogada recientemente mediante el Decreto 79/2026, que extendió la medida sobre Radio y Televisión Argentina hasta febrero de 2027. El plan oficial incluye un programa de retiros voluntarios que apunta a reducir cerca del 20 por ciento del personal, lo que impacta en periodistas, productores y empleados administrativos tanto de la TV Pública como de Radio Nacional. En paralelo, los sindicatos denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo por salarios prácticamente congelados desde 2024 y advierten que las reformas impulsadas podrían afectar de manera profunda el funcionamiento de los medios públicos.