A nivel global, las tasas de natalidad atraviesan mínimos históricos que reflejan profundos cambios sociales, económicos y culturales. Frente a este escenario, el principal desafío radica en la construcción de políticas públicas de largo plazo que no se limiten a incentivar los nacimientos, sino que pongan en el centro el bienestar, los cuidados y la calidad de vida de las personas y las familias.

La baja de la natalidad se consolidó como un tema central en la agenda pública mundial a partir de la marcada reducción en la cantidad de hijos por mujer a lo largo de las últimas décadas. Mientras que en 1970 el promedio global era de 4,8 hijos, para 2024 esa cifra descendió a 2,2. En la Argentina, el fenómeno se refleja con claridad: la tasa de nacimientos cayó de 18,2 por mil habitantes en 2014 a 10,7 en 2022, y el número anual de nacimientos se redujo de manera sostenida en el último decenio.

Para el obstetra Mario Sebastiani, estos datos expresan una transformación profunda en la manera en que se concibe la maternidad y la vida familiar. El especialista señala que, en sintonía con lo que ocurre en gran parte de Occidente, muchas mujeres perciben la llegada de un hijo como una renuncia importante a la libertad personal y como una inversión de tiempo y recursos difícil de proyectar en un contexto económico inestable. A esto se suman condiciones estructurales que dificultan planificar la crianza a largo plazo, lo que lleva a optar por tener menos hijos o directamente no tenerlos.

No obstante, diversos especialistas advierten que el descenso de la natalidad no implica únicamente consecuencias negativas. Sebastiani sostiene que una menor presión demográfica puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fortalecer la educación, ampliar el acceso al arte y al esparcimiento infantil y aumentar la inversión destinada a las personas mayores. En ese marco, remarca que la caída de los nacimientos está estrechamente ligada a la ampliación de derechos reproductivos y a la libertad de elección, y plantea que el debate se vuelve más sólido cuando se promueven políticas de largo plazo centradas en el bienestar y la calidad de vida, más que en respuestas urgentes y coyunturales.