El Ejecutivo dispuso una serie de medidas que amplían el rol del sistema de salud, al habilitar su participación en acciones vinculadas a la prevención y el combate del narcotráfico. La decisión busca fortalecer el abordaje integral del problema, incorporando a distintos organismos del Estado en tareas de detección, asistencia y articulación con otras áreas competentes.

Tras el vencimiento de los plazos que regían para la emergencia sanitaria y para el freno al aumento de las contribuciones patronales de los colegios privados, el Gobierno nacional decidió prorrogar ambas disposiciones hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, a través de los decretos 942/2025, referido a la emergencia sanitaria, y 939/2025, vinculado al esquema de aportes patronales del sector educativo privado.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud introdujo modificaciones que amplían su campo de acción. Entre los cambios más relevantes se estableció una mayor articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de desarrollar un sistema de análisis de información sanitaria, toxicológica y epidemiológica relacionada con sustancias bajo fiscalización. Además, la cartera sanitaria participará en estrategias conjuntas orientadas a la prevención y el combate del narcotráfico, mediante el intercambio de datos y la coordinación operativa.

El decreto también redefinió competencias dentro del área de Salud al asignarle la responsabilidad exclusiva sobre el diseño y la implementación de políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral. En ese marco, se confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que asumirá las funciones, recursos y obligaciones que hasta ahora correspondían a la Agencia Nacional de Discapacidad, recientemente disuelta, incluyendo el control de pensiones por invalidez y otras prestaciones.

En cuanto a las escuelas privadas, la prórroga del congelamiento de las contribuciones patronales apunta a evitar un incremento en los fondos que deben destinar las provincias a estos establecimientos y a prevenir un traslado de costos a las familias. El Gobierno recordó que gran parte de estas instituciones recibe subsidios estatales y que el aumento de los aportes impactaría tanto en los presupuestos provinciales como en las cuotas escolares. De este modo, se mantendrá durante 2026 el esquema de contribuciones vigente desde 2019, con el objetivo de sostener la prestación educativa y reducir desigualdades, especialmente en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.