El gobernador Juan Pablo Valdés precisó que el monto reclamado no contempla las obligaciones correspondientes a 2025, lo que podría incrementar de manera significativa la cifra final adeudada. En ese contexto, el mandatario solicitó a la Nación la recomposición de los giros destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), al advertir sobre el impacto que la falta de fondos tiene en el funcionamiento del sistema previsional provincial.

En medio de la discusión por el recorte del gasto nacional y con el Presupuesto 2026 en el centro de la agenda política, Corrientes volvió a impulsar un reclamo de fondo vinculado al financiamiento previsional. Según el gobernador Juan Pablo Valdés, la Nación mantiene una deuda estimada en $142.000 millones por su obligación de asistir el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de pagar jubilaciones y pensiones de la administración pública provincial. El mandatario aclaró que ese cálculo no incluye lo correspondiente a 2025, lo que podría elevar aún más el monto total.

Desde el Gobierno provincial advierten que la falta de transferencias impacta directamente sobre el equilibrio fiscal y limita la capacidad de inversión. Ante ese escenario, el Tesoro correntino debe cubrir con recursos propios el déficit previsional, lo que tensiona las cuentas locales. El caso, además, ya se encuentra judicializado desde hace cerca de dos años ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda iniciada durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Valdés, aunque hasta el momento no hubo resolución.

El reclamo de Corrientes se inscribe en una problemática más amplia que alcanza a al menos trece provincias que en la década del 90 optaron por conservar sus cajas jubilatorias. Con el cambio de administración nacional, esos distritos dejaron de percibir las transferencias de la Anses, lo que provocó la acumulación de deuda y obligó a las provincias a cubrir el rojo previsional o a aplicar ajustes internos para garantizar el pago de haberes.

Valdés señaló que el núcleo del conflicto está en el desfasaje financiero del IPS y anticipó una negociación compleja con la Nación, tanto en el plano técnico como político. El objetivo inmediato es restablecer el flujo de fondos para asegurar el pago regular a los jubilados provinciales y, en una segunda etapa, discutir el reconocimiento de la deuda acumulada. Si bien el gobernador expresó coincidencias con la necesidad de equilibrio fiscal, remarcó que ese objetivo no debería implicar trasladar costos a las provincias ni comprometer la sustentabilidad de los sistemas previsionales locales.