Aunque casi nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, un 32% de ellas no identifica esas experiencias como actos violentos. Esta falta de reconocimiento refleja tanto la naturalización de ciertas conductas como la persistencia de patrones culturales que minimizan o justifican las agresiones.

Un nuevo relevamiento sobre conciencia social en torno a la violencia contra las mujeres mostró resultados alarmantes: solo el 27% de la población argentina tiene un nivel alto o muy alto de comprensión del problema, y dentro de ese grupo predominan las mujeres. Este dato sugiere que la mayoría de la sociedad todavía no dimensiona la gravedad ni las múltiples formas que adopta la violencia de género.

El informe explica que el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres permite evaluar el grado de reconocimiento que tienen las personas sobre esta problemática en diversos países de la región. Además de medir percepciones, busca orientar políticas y monitorear cambios en la conciencia social. Uno de los hallazgos más significativos es que una parte importante de las mujeres no identifica como violencia situaciones que sí encajan dentro de las definiciones legales, lo que evidencia una brecha entre la experiencia vivida y su reconocimiento.

El estudio también advierte sobre la distancia entre lo que las personas dicen que harían ante un caso de violencia y lo que realmente sucede. Aunque tres de cada cuatro encuestados sostienen que intervendrían si fueran víctimas, la acción concreta aparece mayoritariamente cuando el hecho ocurre en su entorno cercano. Las mujeres que atravesaron situaciones de violencia suelen recurrir primero a amigos o familiares, mientras que la asistencia en servicios especializados es minoritaria. A esto se suman creencias culturales que inhiben la intervención, como la idea de que los conflictos de pareja deben resolverse en privado.

Finalmente, el índice revela que gran parte de la población considera necesario fortalecer las políticas y leyes destinadas a combatir la violencia de género, aunque persiste un bajo nivel de conocimiento sobre su funcionamiento y efectividad. Este panorama, observado no solo en Argentina sino también en Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, muestra un desafío regional: convertir la preocupación social en acciones informadas, concretas y sostenidas para avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.