El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la captura de Roberto Nardelli por desobediencia a la Justicia. Pese a la prohibición, continuó con la tala de bosque nativo y la maquinaria secuestrada como prueba desapareció.

La causa por los desmontes ilegales en Chaco sumó un nuevo giro con el pedido de detención del empresario Roberto Nardelli. A pesar de la orden judicial que suspendía estas actividades, se descubrió que la tala de bosque nativo continuó dentro de su propiedad. Además, la maquinaria secuestrada como evidencia desapareció semanas después.

El conflicto se remonta a abril de 2024, cuando la Legislatura chaqueña modificó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo el avance de las topadoras sobre miles de hectáreas protegidas. Esto abrió una investigación que apunta a una posible red de corrupción con la participación de funcionarios, exfuncionarios, empresas y legisladores peronistas.

Ante esta situación, el fiscal Sabadini logró que el Juzgado Federal de Resistencia N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, ordenara la suspensión de los desmontes por tres meses, medida que luego fue prorrogada hasta el 14 de febrero de 2025 y nuevamente extendida por seis meses más.

Sin embargo, el 21 de febrero se detectó actividad ilegal en un campo cercano a Tres Isletas. La Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional inspeccionó el terreno, donde halló árboles caídos, quemas y huellas de maquinaria pesada. Un cartel en el lugar señalaba: “PLAN DE DESLINDES PERIMETRALES Y TRANSVERSALES PARA MEJORAS. PROPIETARIO: Nardelli, Roberto Alesio”.

En el predio se identificó una topadora Lonking LD160, que fue incautada por orden del Ministerio Público Fiscal y trasladada a un depósito judicial. No obstante, el 21 de marzo se constató su desaparición. Según testigos, un camión de Nardelli habría retirado la máquina días antes.

Por estos hechos, el fiscal Sabadini solicitó la detención del empresario y lo acusó del presunto delito de desobediencia a un funcionario público, tipificado en el artículo 239 del Código Penal. Además, el pedido se fundamenta en la existencia de al menos cinco incumplimientos independientes, lo que configura un concurso real de delitos según el artículo 55 del Código Penal.